La COVID-19 ha profundizado las brechas educativas en América Latina y el Caribe, una región que ya era la más desigual del mundo, aunque los países han reaccionado a la crisis educativa con esfuerzos y medidas encaminadas a garantizar la enseñanza al conjunto de la población. Esta es una de las conclusiones del estudio “Todos y todas sin excepción”, elaborado por el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM), la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe- SUMMA, que incide en la necesidad de desarrollar medidas urgentes para evitar que los alumnos sean privados de un derecho fundamental.

El informe recoge algunos de los esfuerzos que han realizado los distintos países de América Latina y el Caribe para avanzar en la igualdad y la inclusión educativa. Para empezar, cabe destacar que, en conjunto, el gasto en educación aumentó del 3,9% en 2000 a 5,6% del PIB en 2017 (por encima de las demás regiones) y que se ha priorizado la educación dentro del gasto público más que en cualquier otra región, de modo que su participación subió del 13,1% en 2002 al 16,5% en 2017.

Destacan, en esta dirección, países como Belice, Costa Rica y Montserrat, que dedican como mínimo el 7% de su PIB a la educación, mientras que Costa Rica, Guatemala y Honduras le  dedican como mínimo el 23% del gasto público. El informe también incide en el caso de Brasil, donde la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Educativo a alumnos de escuelas rurales es un 15% más alta que la de las escuelas urbanas, y donde el fondo de igualación de la educación básica FUNDEB, que redistribuye recursos del Gobierno Federal, los estados y los municipios, logró reducir la desigualdad entre los municipios en un 12% en cinco años.

Varios países ofrecen, por otro lado, apoyo financiero para promover la integración del estudiantado con discapacidad. En Cuba, por ejemplo, se ha diseñado un plan de transición para cada alumno que pasa de una escuela especial a una escuela ordinaria, en el cual se asignan tareas a las escuelas, las familias y las comunidades.

Pero los países de América Latina y el Caribe no solo dan mayor prioridad al gasto en educación que los del resto del mundo, sino que además han sido los primeros en asignar ayudas sociales para fomentar la educación. Desde la década de los 90, las transferencias condicionales de dinero en efectivo han prolongado la asistencia escolar en hasta un año y medio, a la vez que se han iniciado nuevos programas que combinan la educación con otros servicios sociales, en particular en la primera infancia, como ocurre con ciertos programas en Chile, Colombia y la República Dominicana.

Estos esfuerzos han tenido efecto también en los meses de la pandemia, en los que los datos del informe ponen de manifiesto que la región ha logrado extender la educación a distancia a la población total más elevada de alumnos y alumnas potenciales (91%), muy por encima del promedio mundial (69%). La cobertura potencial más alta se ofreció a través de la televisión (86%) y la radio (50%). En mayo de 2020, de 26 países de la región, 7 contaban con plataformas de aprendizaje, 22 ofrecían contenidos digitales, 13 utilizaban contenidos de material didáctico y redes sociales y 20 impartían educación a través de programas de radio o televisión.

Algunos países han utilizado herramientas de comunicación como plataformas de chat, servicios de mensajería de texto y redes sociales. Mientras El Salvador y Honduras presentaban contenidos educativos en YouTube, México puso en marcha la plataforma “Aprende en casa” para impartir educación a distancia por televisión y Venezuela, el programa “Cada familia una escuela”, con contenidos educativos por dos canales públicos de televisión.

Otras iniciativas han dado prioridad a facilitar el acceso a Internet. Así, el gobierno de Uruguay se asoció con una empresa de telecomunicaciones para suministrar a todo el alumnado acceso sin cargo a contenidos educativos. De igual forma, varios países han tratado de lograr el acceso universal a dispositivos informáticos, caso de Islas Caimán, donde una alianza entre el gobierno y una organización sin ánimo de lucro ha financiado el suministro de “laptops” a todos los alumnos y alumnas de los centros escolares públicos.

Los retos para alcanzar la igualdad y la inclusión en la región siguen patentes, no obstante, a tenor de algunas de las conclusiones. Por ejemplo, en 21 países las probabilidades de que los alumnos y las alumnas del 20% más rico de la población finalicen la enseñanza secundaria superior son, en promedio, cinco veces más altas que los del 20% más pobre. En Guatemala y Panamá, por cada 100 estudiantes de 15 años de estrato socio económico alto que domina las habilidades matemáticas básicas, solo 10 lo consiguen entre los más desfavorecidos.

La identidad, el origen y la capacidad determinan las oportunidades de educación. Como muestra, en 2016 el 21% de los indígenas varones de entre 20 y 24 años en Panamá habían finalizado la escuela secundaria, frente al 61% de sus pares no indígenas, mientras que en Paraguay o en Honduras, el 32% de la población indígena eran analfabeta. En 2015, las personas afrodescendientes tenían un 14% menos de probabilidades de finalizar sus estudios secundarios que sus pares no afrodescendientes en Perú y un 24% menos en Uruguay. Y, en promedio, los adolescentes de entre 12 y 17 años con discapacidad tenían un 10% menos de probabilidades de asistir a la escuela que los que no tenían ninguna discapacidad.

En este contexto, la pandemia ha incrementado los altos niveles de desigualdad y exclusión social, razón por la que “debemos invertir y reformar urgentemente nuestros sistemas educativos para desarrollar su capacidad de adaptación a las necesidades particulares de sus estudiantes y territorios, reconociendo, valorando y construyendo sobre la diversidad, como elemento esencial y constitutivo de la calidad educativa”, aseguraba el director de SUMMA, Javier González.

“Ahora más que nunca, las sociedades latinoamericanas necesitan unirse y construir puentes. La discriminación cotidiana hacia las personas migrantes, el retroceso en el progreso hacia la igualdad, la identidad y la identidad de género, y las falsas creencias sobre el límite del potencial de las personas con discapacidad acaban por reflejarse en los sistemas educativos”, señalaba, por su parte, el director del Informe GEM, Manos Antoninis.